El Ministerio del Interior español publicó un Real Decreto (RD 933/2021), con entrada en vigor el 1 de octubre de 2024, que obliga a las empresas de intermediación turística a comunicar los datos de las reservas en un plazo de 24 horas tras la firma del contrato. Tras arduas negociaciones por parte de las agencias de viajes, representadas por CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), se logró la promesa de una Orden Ministerial que excluía a los ámbitos MICE y corporativo de esta obligatoriedad. Sin embargo, parece que esto no ha sido tenido en cuenta, ya que el RD se mantiene con obligación de cumplimiento a partir de octubre para todo tipo de intermediarios, bajo pena de sanción en caso de incumplimiento.
SES.HOSPEDAJES es la plataforma que debe aglutinar “el registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor”. Como declara Fay Taylor, presidenta de la asociación de agencias de receptivo Spain DMCs, “esto es técnicamente imposible cuando recibimos las rooming lists solo unos días antes de que empiece cualquier operación MICE y muchos congresos”.
Las diferentes asociaciones sectoriales exigen “una moratoria a la entrada en vigor del Real Decreto y un encuentro urgente con los Ministerios de Interior y Turismo para impedir llegar a una situación que tendrá desastrosas repercusiones para miles de pymes”.
Según la Confederación, miles de agencias no podrán cumplir la norma, entre otros motivos, por no disponer de los medios técnicos, ni del suficiente, para hacer frente a los requerimientos, “a lo que hay que añadir las deficiencias que aún presenta la plataforma puesta en marcha por el Ministerio de Interior, que no han sido subsanadas”.
Exige que “las agencias de viajes queden fuera de la aplicación de este RD, ya que se ha realizado una definición extensiva del hospedaje y transporte incluyendo a las agencias, cuando estas no prestan esos servicios. El RD vulnera, además, la normativa vigente de protección de datos y, por tanto, su entrada en vigor podría suponer un tratamiento masivo e ilícito de datos personales”.